La financiación pública de medicamentos en España es selectiva, no indiscriminada, y se rige por los seis criterios generales establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2015, que aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. El elevado impacto económico y la incertidumbre de los medicamentos innovadores hacen que, en ocasiones, la financiación sea condicionada, requiriendo una reevaluación posterior de los criterios iniciales que la justificaron.